Micrófono en mano y parada frente a la jueza, la fiscal se queda callada y parece que no sabe qué decir. Es la quinta vez en menos de dos minutos que se agacha para consultar con su compañera y de tantos papales que ha revuelto sobre el escritorio ya no sabe cuál agarrar.
El silencio después de tres segundos se torna incómodo en la sala de audiencias y para romperlo, la fiscal gesticula vocales alargadas mientras sigue buscando entre la montaña de papeles.
-Ehhhh… ehhhh… tal comoooo… como está establecidoooo…. Tal como está establecido en el artículooo… correspondienteeee….
Por fin encuentra el papel que buscaba y la fiscal procede a explicar su acusación. Es la audiencia de imposición de medidas contra dos médicos genetistas del Instituto de Medicina Legal y una sobrina de ellos que, según las investigaciones, se benefició de una serie de licitaciones “arregladas” que ganó sin competencia alguna durante los últimos cinco años.
El caso, que salió a la luz este viernes 17 de junio con la captura de ambos médicos, es, según los fiscales, uno de muchos casos de corrupción que se han gestado durante los últimos años en Medicina Legal. Es apenas la punta del iceberg.
Juan Carlos Monterrosa y Josefina Morales de Monterrosa son una pareja de esposos y médicos especialistas en genética que dirigen la unidad de Genética Forense, uno como jefe y la otra como coordinadora. Ambos están sentados este lunes 20 a la par de sus abogados, en la audiencia inicial de imposición de medidas por el proceso que se les ha abierto. Ambos escuchan los titubeos del fiscal y hacen un leve gesto de negación con la cabeza.
Las dos fiscales del caso han comenzado exponiendo un incidente para que el delito de Estafa, uno de los tres que le atribuyen a Sindy Berenice García, la sobrina de la doctora Josefina Morales, se agrave, mientras que los otros dos, el de Incremento de Precios y Falsedad documental, siguen intactos.
Una de las fiscales se para y toma el micrófono. Para que quede grabado en el audio de la audiencia dice su nombre y luego comienza a narrar los hechos. Cuenta que desde el año 2011 Sindy García comenzó a venderle a Medicina Legal un reactivo para ADN como persona natural y que desde entonces no pierde una sola licitación.
La fiscal explica que el primer delito que cometió la sobrina de la doctora es la falsedad material, y que esta implica que Sindy García mintió al jurar en un documento autenticado para licitar que no tenía ningún pariente en Medicina Legal, y continuó ganando licitaciones.
El segundo delito que la fiscalía le atribuye a García es el incremento desproporcional de precios ya que, según un informe realizado por una comisión de cuatro médicos forenses de Medicina Legal que analizó las compras realizadas a García, todos los productos presentan precios entre diez y veinte veces arriba de lo normal.
Según narran las fiscales, esta investigación comenzó luego que el secretario del sindicato de trabajadores de Medicina Legal mencionara ante las autoridades que algo raro estaba sucediendo con las licitaciones de la institución y que sospechaba que familiares de los médicos se estaban aprovechando ilegalmente.
Estos comentarios llegaron a oídos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Armando Pineda Navas, pues Medicina Legal es una dependencia de este órgano del Estado. Pineda Navas mandó conformar una comisión de médicos que estudiaran el caso y que posteriormente le rindieran un informe para considerar denunciar los hechos con la Fiscalía.
La comisión detectó que en el 2011, luego que los esposos Monterrosa fueran enviados a especializarse a Europa en genética forense para abrir una sección con el mismo nombre, se comenzó a licitar productos como reactivos para ADN y que era una persona natural quien los vendía.
Esta misma comisión entrevistó al jefe del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones (DACI) del IML, quien confirmó que era una misma persona la que recibía todas las licitaciones de químicos y varios insumos más para el área de Genética Forense y que el nombre de esa persona era Sindy García.
De acuerdo con el reporte de los médicos al que la fiscalía hizo alusión en la audiencia inicial, la DACI es el ente que realiza la gestión administrativa de los productos que se necesitan; sin embargo, el personal de esta unidad no es experto en químicos ni reactivos, por lo que desde un principio fue necesario que los productos fueran evaluados por un conocedor en la materia. Fue así como se firmó un acuerdo en el que se autorizó al doctor Monterrosa para que diera siempre el visto bueno de cuál producto ofertado era el que se debía tomar. Casualmente siempre fueron los productos de Sindy García.
Pero en el 2014, con una reforma a la Ley de Aquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), Sindy García ya no pudo vender como persona natural, sino que estuvo obligada a fundar una persona jurídica o sociedad para venderle al Estado. Fue así como fundó, en octubre del 2014, la sociedad Distribuidora de Productos de Laboratorio PROLAB S.A. de C.V.
El mismo viernes 17, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a los doctores Monterrosa y a su sobrina, los agentes, en coordinación con la Fiscalía, allanaron sus oficinas en el área de Genética Forense del IML. En este lugar encontraron toda la documentación de la sociedad Prolab S.A. de C.V.
Doctores Monterrosa previo a la audiencia inicial en el centro judicial Isidro Menéndez – Foto: Bryan Avelar / Diario1
Para narrar estos hechos, la fiscal del caso ha usado al menos 40 minutos de su primera intervención en la audiencia. Tras la primera narración ha repetido varios elementos en diversas ocasiones. Insiste en decir que son familiares, insiste en que los doctores avalaban las compras. Repite algunos hechos y los vuelve a repetir.
La fiscal se contradice en al menos dos ocasiones. En la primera dice que la parte acusadora está segura que existió un incremento de precios, puesto que un doctor del lugar les dijo que, según él, los productos eran al menos una veinte veces más caros de lo normal; pero luego la fiscalía dice que una palabra no basta y que no hay otra manera de estar seguros del incremento de precio a través de un perito que haga la evaluación.
La segunda contradicción es que la fiscalía en un principio asegura que las licitaciones eran tan “específicas” que se pedía un producto de marca “Promega” del cual solo García tiene autorización en el país para comercializarlo. Sin embargo, al final de su intervención la fiscal dice que las licitaciones eran tan “ambiguas que las otras empresas que licitaban no entendían qué es lo que querían y perdían la competencia”.
Entonces un abogado de la defensa se para, toma el micrófono y dice que “con todo respeto”, la fiscal lo tiene cansado y que está redundando.
La cara de la jueza del Juzgado 14° de Paz se muestra adormitada. Espabila un poco y le da la razón al abogado. Le hace el primer llamado de atención a la fiscal y le dice que si no tiene más que decir, que dé el espacio a la defensa.
La fiscal continúa su intervención atropellando sus propias palabras y continúa diciendo que el caso le parece un hecho de corrupción que no merece quedar en la impunidad “no puede ser, no puede ser que un hecho como este siga castigando a nuestro pueblo”, dice la fiscal y es nuevamente intervenida.
Esta vez la defensa le recuerda que una audiencia no es un lugar para emitir juicios de valor, y le pide que si tiene fundamentado en la ley lo que está diciendo, que lo diga y que lo respalde con artículos no con lamentaciones.
La jueza refuerza la posición de la defensa y le insiste a la fiscal que si no tiene más que decir, que deje el tiempo para la defensa. Luego de casi una hora y media de intervención, la fiscal suelta el micrófono y lo toma la defensa.
El abogado defensor de los doctores Monterrosa es Diego Escobar, un ex fiscal que ahora se dedica al ejercicio libre. Escobar comienza a intentar desvanecer las acusaciones analizando licitación por licitación y expone que en ningún momento sus acusados han firmado ningún papel en el que autoricen la compra a Sindy García, y que quienes lo hacen es la gente de la DACI.
Escobar comienza a desmontar con su discurso todos los señalamientos de la fiscalía que en ningún momento interviene. Las fiscales, desde su escritorio, solo hacen gestos de negación con la cabeza y siguen revolviendo sus papeles.
La defensa ha pasado poco menos de 40 minutos en su discurso y pide explicaciones, niega los hechos y hasta le da consejos a la fiscalía de cómo debe investigar. “Miren, señores, si nada cuesta pedir el listado de precios a Estados Unidos, a la fábrica que le vende el producto a Sindy García para ver en realidad cuánto vale y si lo está vendiendo a un precio mayor”, dice el abogado de la vendedora.
Luego de una audiencia de más de cinco horas, el papel de la fiscalía ha sido evidente. La jueza la ha callado al menos tres veces por iniciativa propia y tres más por iniciativa de la defensa. Le repiten que fundamente sus argumentos con la ley no con lo que la fiscal piensa, siente o cree.
Cerca de las 8:00 de la noche, la jueza dicta su resolución tas unos 30 minutos de receso. Comienza diciendo que los delitos atribuidos contra Sindy García se configuran perfectamente y le da el beneficio de la duda a la fiscalía, pues en esta audiencia solo basta con dar indicios de la existencia del delito y de la posible participación de los acusados.
Diego Escobar, abogado defensor de los doctores Monterrosa – Foto: Bryan Avelar / Diario1
Posteriormente la jueza invita a las fiscales a que “investiguen, profundicen” porque a su parecer el caso se ha quedado corto. “Probablemente aquí hay más personas involucradas y no lo han visto”, dice la jueza. Las fiscales asienten con la cabeza y toman apuntes desde su escritorio.
Finalmente la jueza dicta medidas. Para Sindy García la prisión preventiva, lo cual significa un punto a su favor, mientras que en el marcador imaginario de la defensa aparecen dos puntos: la libertad para los doctores Monterrosa.
Las razones para estas medidas, según la jueza, es que la defensa logró fundamentar que estos no buscan huir y que tienen suficientes arraigos. Sin embargo, les ordena que cada 15 días estarán presentándose al tribunal para firmar.
Al finalizar la audiencia, el abogado defensor de los doctores sale con una gran sonrisa en el rostro. Celebra que la fiscalía no pudo lograr su objetivo y convencido de que en el ring imaginario de la audiencia fue el que golpeó más veces y con mayor certeza.
Las fiscales, por su parte, salen apresuradas, así mismo como entraron y en un primer momento se niegan a hablar, una de ellas, la que defendió la audiencia desde el micrófono, corre hasta el ascensor y se va. La fiscal auxiliar se queda frente a las cámaras y, aunque acepta que no lograron su cometido, asegura que las investigaciones continuarán y que este caso de corrupción no quedará impune.
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