Ex Agente DEA dice que Fiscalía ya tiene suficientes pruebas para procesar al Cártel de Texis

Danny Dalton, ex agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) destacado en el país, se refirió este martes a través de una carta abierta a la opinión pública al anuncio del Ffiscal General, Douglas Meléndez, de retomar investigaciones penales contra el Cártel de Texis, estructura criminal que controla el trasiego de droga desde el occidente del país.

En la misiva, el estadounidense, quien reiteró su preocupación expresada un mes atrás por la inacción de la Fiscalía, durante su época destacado en El Salvador condujo investigaciones que ayudaron a comprender el funcionamiento de este cártel.

Al anuncio del fiscal de estar investigando dicha organización y su promesa de dar resultados en un futuro, Dalton aseveró que la Fiscalía “ya tiene suficiente información para procesar al cártel de Texis por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico”.

El ex agente antinarcóticos señaló que la Fiscalía salvadoreña ya cuenta con información recolectada en 2014, sobre reportes de ejercicios fiscales de los años 2010, 2011 y 2014, en las que no se encuentran formas para identificar el origen lícito del dinero de las empresas ligadas a dicho cártel.

“(…) autoridades del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia del Sistema Financiero le han dado (al fiscal general) suficiente evidencia de la procedencia injustificada de grandes sumas de dinero de parte de las personas naturales y jurídicas que integran el cártel: José Adán Salazar Umaña (Chepe Diablo), Wilfredo Guerra Umaña (presidente de Agroindustrias Gumarsal), Juan Umaña Samayoa (alcalde de Metapán) y José Adán Salazar hijo, entre otros”, sostiene la carta.

Además, cuestionó que el anuncio sobre la reapertura del caso por parte del fiscal general, se dio en abril pasado: “¿Qué es lo que se ha investigado en 8 meses?”, indicó.

El pasado 7 de diciembre trascendió que la Fiscalía envió a través de los canales legales diplomáticos, un suplicatorio a las autoridades estadounidenses para conocer registros financieros de las empresas de Salazar Umaña, Umaña Samayoa y Guerra Umaña.

Al respecto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Pineda Navas, informó que ese suplicatorio estaba en una fase previa al conocimiento de Corte Plena.

Juan Samayoa, Wilfredo Guerra y Adán Salazar

Sobre esto, Dalton expresó que el fiscal Meléndez, en caso de necesitar más información, la puede pedir a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que mantiene una causa abierta contra esta organización.

Igualmente se mostró extrañado de por qué se decidió reabrir el caso contra el cártel de Texis y no se haya aclarado nada de la participación de Rodolfo Delgado, asistente del despacho del fiscal general, en relación a esta organización criminal.

En una entrevista televisva el lunes pasado, el fiscal general explicó que su antecesor, el fiscal Luis Martínez, fue el que desestimó seguir con las investigaciones contra el cártel y sus principales personeros, luego que el caso se enfocara en lavado de dinero.

El 8 de abril del 2014, la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía ordenó el allanamiento de 17 inmuebles propiedad de Adán Salazar Umaña, Juan Umaña Samayoa y Wilfredo Umaña Guerra, presidente de Gumarsal, entre estas varios hoteles, empresas, sociedades y viviendas, tras haberlos vinculados a una investigación por evasión de impuestos, y lavado de dinero y activos.

Entre los locales allanados figuró el Hotel Capital, hoteles Tolteca y San José; tres despachos contables, la empresa GUMARSAL, gasolinera Bolívar e inmuebles ubicados en residencial Cumbres de Esmeralda y Joya de la Montaña.

Esta investigación logró determinar que la empresa Agroindustrias Gumarsal evadió 1 millón 135 mil 809 dólares en impuestos. Por lo que Umaña Guerra y Umaña Samayoa fueron declarados culpables por dicha evasión, pero, para evitar la cárcel, se acogieron al beneficio de pagar la mencionada cantidad.

“La administración anterior de la Fiscalía, qué hizo, esta gente fue investigada y procesada por evasión de impuestos nada más, estos imputados, pagaron los impuestos que tenían que pagar y cerraron el caso. No continuaron la investigación por otros delitos, por investigaciones de narcotráfico, por investigaciones de lavado, las cerraron, así llanamente y las archivaron”, recalcó el fiscal.

José Adán Salazar, señalado como el cabecilla del cártel de Texis, es un empresario que desde el 30 de mayo de 2014 fue designado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dentro de la lista de personas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como “lista Kingpin”.

Agentes de la PNC trasladan la documentación del hotel Capital ubicado en San Salvador, que será revisada por la FGR. La Fiscalía inició anoche allanamientos en 17 propiedades de Adán Salazar, presunto líder del cártel de Texis. Foto D1, Archivo

Salazar, quien ha diversificado sus negocios al rubro hotelero y de granos básicos, es según la pieza de correspondencia, el principal señalado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de liderar el cartel de Texis, organización que controla el trasiego de droga en el oriente del país, y que de acuerdo con informe de inteligencia, mantiene vínculos con grupos delictivos de la misma índole en Guatemala.

La decisión del presidente Obama, cita la pieza de correspondencia, se basó en los reportes de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC), una dependencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo cual surge de un largo seguimiento contra el empresario, además que abre la puerta para que diversas empresas estadounidenses le den persecución, al igual como lo han hecho contra otros capos de la droga en países como México.

Este hombre, quien llegó a ser el presidente de la Liga Mayor de Fútbol salvadoreño, es señalado además de tener una sociedad desde hace 16 años con el vicepresidente Oscar Ortiz, sobre la cual el vicemandatario dice que ya lleva varios años de estar inactiva.

Según un informe interno de uno de los jefes de la Unidad Especial de Investigación con relación al lavado de dinero y narcotráfico de la Fiscalía, el cual iba dirigido al exfiscal Martínez, advertía sobre la prueba indiciaria que las auditorías y las investigaciones efectuadas a Chepe Diablo, a sus socios más cercanos y a sus empresas indicaban lavado de dinero proveniente de actividades que los investigados habiendo tenido amplia oportunidad de justificar nunca pudieron justificar el origen lícito de las cifras millonarias no declaradas encontradas en sus cuentas bancarias.

Informes de inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) apuntan a que Salazar fundó dicho cártel junto a Juan Umaña Samayoa, actual alcalde de Metapán y Roberto Herrera, apodado “El burro”, quien cumple una condena en prisión por delitos de crimen organizado. Estos personajes se habrían aliado para dicho propósito con diputados, policías, alcaldes y pandilleros de la zona noroccidental de El Salvador, de acuerdo con una investigación del periódico digital El Faro.

De acuerdo con una publicación del rotativo estadounidense El Nuevo Herald de Miami, el dinero de Adán Salazar ayudó a infiltrar instituciones estratégicas de la justicia y del control financiero de El Salvador para extender y proteger su emporio criminal de “blanqueo” de capitales con millonarias inversiones en rubros energéticos, turísticos y agropecuarios.

Una investigación de dicho diario sostiene que Chepe Diablo estableció estrechos contactos con autoridades de alto rango del gobierno del presidente Mauricio Funes, quien gobernó desde 2009 hasta 2014, en las instancias ejecutivas estatales de las contralorías financieras, bancarias y hacendarias, con lo que evitó ser perseguido y encarcelado e intentó blindar su entarimado empresarial mafioso. Las maniobras habrían ocurrido a espaldas de Funes.

Dicho trabajo periodístico agrega que el Cártel de Texis se constituyó en proveedor de servicios de los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas, lo cual ayudó a Salazar a construir una tarima con una fachada de compañías agropecuarias, turísticas y de venta de combustibles para blanquear dinero en instancias financieras salvadoreñas, y con respaldo de políticos salvadoreños ubicados en sitios claves del poder nacional o regional.

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