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Ella es Rossana Torales, quien causó revuelo en las redes sociales gracias a sus fotos que ponen a todos con la boca abierta. Nacida en Paraguay, fue la doctora del Boavista del futbol brasileño.

En sus ratos libres la joven viaja y es fanática al Arsenal de la Premier League de Inglaterra. La bella profesional actualmente labora en Miami en una clínica, ese fue precisamente uno de los motivos por el cual no pudo renovar su contrato con el club.

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Esta se semana la Alcaldía de San Salvador estima concluir con los trabajos de restauración y pintura en el Teatro Nacional.

Se han invertido $40 mil dólares en el proceso de resane y limpieza de la fachada principal y poniente del edificio, para luego dar paso a la iluminación arquitectónica, para que se aprecien los detalles en ventanas, arcos y portales.

Foto D1/Rodrigo Sura

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A falta de información que indique una nueva prórroga en su proceso civil, el expresidente Mauricio Funes deberá encarar el próximo miércoles 17 de enero la audiencia probatoria en su juicio por enriquecimiento ilícito, siendo el primer exmandatario que encara este tipo de instancias.

En febrero de 2016, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con base en un examen patrimonial de la Sección de Probidad, decidió enviar a juicio civil a Mauricio Funes, su exesposa Vanda Piganto y su hijo Diego Funes, luego de haberse encontrado indicios de enriquecimiento ilícito al no justificar un incremento patrimonial de más de $700,000.

La audiencia probatoria, en la que la Cámara Segunda de lo Civil determinará si existió enriquecimiento ilícito por parte del exmandatario y su núcleo familiar, ha debido posponer la audiencia dos veces: Una por no haberse concluido los peritajes al patrimonio de Funes y otra a petición de los abogados del exjefe de Estado.

En audiencia preparatoria realizada en septiembre pasado, solo la Secretaria de Inclusión Social del actual gobierno, Vanda Pignato, acudió ante la sede de la Cámara, mientras que Mauricio Funes, asilado por el gobierno de Nicaragua por supuesta persecución política, solo envió a sus abogados.

Los cuestionamientos patrimoniales

El expresidente debe dar explicaciones en torno a un aumento patrimonial no justificado de $552,669, mientras que la exprimera dama, en calidad de cónyuge, canceló seis cuentas con $57,060 cuya procedencia de los fondos es desconocido y Diego Funes es demandado por la cantidad de $118,600, monto que presuntamente utilizó para la compra de vehículos.

La Cámara Segunda de lo Civil decidió nombrar el perito de la Superintendencia del Sistema Financiero para determinar los ingresos y los gastos de los investigados. Asimismo, si a las cuentas de Mauricio Funes ingresaron más de $600,000 provenientes de fondos recolectados por el movimiento “Amigos de Mauricio” que apoyó al exfuncionario durante la campaña presidencial.

Además, el perito tendrá que determinar el origen del dinero que el expresidente recibió de las empresas Agrosuministros y Multimedia, ambas S.A de C. V, esta última, ligada al expresentador de noticias Jorge Hernández.

Durante la gestión presidencial, Funes y su exesposa Vanda Pignato pagaron créditos adeudados por un monto superior a los $221,000, generando además un ahorro de $150,000. De acuerdo con los fiscales del caso, con los haberes y obligaciones que tenían Funes y Pignato como núcleo familiar, es inconcebible que lograran tal ahorro.

Los cheques de Odebretch

Si bien los anteriores datos son los que llevaron al juicio civil al expresidente Funes, el examen patrimonial hecho por el perito financiero podría arrojar otras cosas, como lo denunciado por el rotativo brasileño Folha de São Paulo, en un artículo en el que se menciona a la constructora brasileña Odebretch como uno de los principales financistas de la campaña de Funes, habiendo entregado 1.5 millones de dólares en 2008.

La constructora brasileña Odebrecht, situada en el corazón del escándalo de Petrobras, consistente en el pago de millonarios sobornos para adjudicarse obras de construcción, reconoció el pasado diciembre dichos delitos y accedió a pagar multas récord de 3,500 millones de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil por sobornos a funcionarios y políticos de esos tres países.

Según el informe del rotativo, Odebretch había transferido el dinero para la campaña de Funes, a través de una empresa del publicista Joao Santana, quien dirigió la campaña de Funes, de acuerdo con el medio de prensa, el cual citó a un testigo criteriado en el caso de corrupción.

La publicación reseña que dicha cantidad se dedujo de la cuenta del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) con el contratista Marcelo Odebrecht, ex presidente ejecutivo de la constructora, que ha aceptado haber dado sobornos a varios funcionarios brasileños a cambio de la adjudicación de obras y contratos con el Estado durante el gobierno de Lula da Silva.

Ante la inminencia de dicha audiencia, tanto Funes como Pignato han intentado desviar la atención hacia otros hechos. En su caso, el exmandatario criticó el viaje a DisneyWorld hecho en las vacaciones navideñas por el fiscal general Douglas Meléndez y su familia.

Funes dijo en sus redes sociales que el fiscal debía aclarar si ese viaje no se hizo con fondos públicos, a lo que Meléndez contestó este lunes, en una entrevista televisiva, que su viaje fue en Clase Económica, sin guardaespaldas y hospedándose en la casa de sus familiares en la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos.

Dijo además que si Funes quería conocer de primera mano, información de su viaje a DisneyWorld, lo retaba a regresar al país y agregó a eso que cuando se tengan las pruebas necesarias, Funes podría ser judicializado por delitos de corrupción, a raíz de la investigación iniciada en agosto del año pasado, en la que se allanaron sus casas en residenciales exclusivas de San Salvador, junto con propiedades de su amigo cercano, el empresario Miguel Menéndez Avelar “Mecafé”.

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Los cuatro procesados por el caso de remuneraciones sexuales con menores se encuentran en el Centro Penitenciario “La Esperanza”, conocido como “Mariona”, confirmó este miércoles Rodil Hernández, Director General de Centros Penales.

Los imputados son Alejandro Maximiliano González, conocido como “El Gordo Max”; el empresario Alejandro Regalado O’sullivan, Salvador Arévalo y Luis Alonso Marroquín.

Según la Fiscalía, los procesados eran clientes de una red de trata de personas que ofrecía servicios sexuales con menores de edad. Los miembros de la banda fueron condenados en 2014.

Durante la audiencia inicial, el juez Primero de Santa Tecla ordenó que tres procesados, incluyendo al Gordo Max, permanecieran en Mariona y, en cambio, Regalado guardara prisión en las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Lea también: Envían a Mariona al “Gordo Max”

No obstante, Douglas Meléndez, Fiscal General de la República (FGR), solicitó que todos los detenidos en la DAN fueran enviados a centros penales.

Los cuatro implicados permanecerán en Mariona hasta que su proceso pase a fase de instrucción dentro de seis meses.

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Mauricio Ramírez Landaverde, Ministro de Justicia y Seguridad, afirmó este miércoles que los dispositivos artesanales encontrados en diferentes zonas del país no tenían ningún material explosivo que ocasionara daños personales o materiales.

“Si bien no pueden causar daños materiales o personales, sabemos que su hallazgo ocasiona preocupación y alarma en la población. Las personas que están colocando estos dispositivos están cometiendo un delito”, manifestó el funcionario.

El Ministro pidió a la población que, en caso de encontrar un dispositivo similar, den aviso a la policía y reiteró que se investiga estos casos para encontrar a los culpables.

En las últimas semanas, los ciudadanos han alertado a la policía sobre dispositivos artesanales encontrados en diferentes zonas de San Salvador y su periferia. El último hallazgo fue este miércoles en las cercanías del Redondel Masferrer en San Salvador.

Las declaraciones del Ramírez Landaverde fueron dadas en el marco de la reunión entre la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa y los funcionarios que conforman el Ministerio de Justicia y seguridad.

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En una entrevista con Diario1, el ex-agente de la DEA, Danny Dalton, manifestó su disposición para apoyar la gestión del Fiscal General, Douglas Meléndez, en su investigación y procesamiento del Cártel de Texis y del esclarecimiento del asesinato del sindicalista salvadoreño Silberto Soto, miembro de los Teamsters de Estados Unidos, cuyo asesinato en El Salvador, acaecido en 2004, no ha sido debidamente esclarecido e investigado, según ciertos miembros del Congreso de los Estados Unidos y según la dirección general del poderoso sindicato norteamericano, conocido como los Teamsters.

Usted manifiesta que tiene un ofrecimiento de colaboración hacia el Fiscal General Douglas Meléndez ¿Podría ampliarnos sobre ese ofrecimiento?

Yo ofrezco formalmente al Fiscal Douglas Meléndez y lo invito a reunirnos en los Estados Unidos, en el lugar que él considere más conveniente para compartirle la evidencia que yo tengo, consistente en prueba contundente sobre las actividades de narcotráfico y lavado de dinero de los principales miembros del Cártel de Texis.

En específico, tengo a disposición del Fiscal General Meléndez, evidencia concreta sobre las acciones de tráfico de droga de José Adán Salazar Umaña (alias Chepe Diablo) y de su ahijado, el señor Wilfredo Guerra Umaña, quien es el presidente de la empresa Agroindustrias Gumarsal y es el hijo del Alcalde de Metapán, Juan Samayoa, quien a su vez es otro de los principales cabecillas de dicho Cártel.

Toda la información que pongo a la disposición del Fiscal General Meléndez, ya la tiene y forma parte de expedientes de investigación aperturados en la DEA (Drug Enforcement Administration por sus siglas en inglés) y también en la fiscalía del Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York. Dicha oficina fue la que investigó u procesó exitosamente varios casos de narcotráfico de varios capos guatemaltecos y hondureños en el pasado, y tienen los recursos, el conocimiento y la experiencia para procesar otros casos de narcotráfico como Chepe Diablo y Wilfredo Guerra, quienes han comprado protección y han operado su imperio de narcotráfico y lavado de dinero impunemente por más de 15 años en El Salvador, gracias a la corrupta colaboración de fiscales, policías, diputados y hasta de un Vicepresidente de la República de El Salvador.

Ha habido cuestionamientos en redes sociales y demás, sobre la motivación que usted tiene en que se procesen estos casos de corrupción y narcotráfico en El Salvador ¿Podría comentar al respecto?

Durante los 12 años de servicio que presté como Agente Especial de la DEA, tuve a mi cargo durante el período de 2002 a 2004 la oficina de la DEA en la Embajada de Los Estados Unidos en San Salvador. Yo llegué a conocer a profundidad y de primera mano el tráfico de droga que pasa en El Salvador y en los países de la región Centroamericana. Conocí quienes eran en ese entonces los principales capos de la droga de la región, a pesar de las grandes limitaciones de recursos que teníamos en la DEA en Centroamérica en ese entonces, logramos durante mi período de servicio en la región, investigar, procesar y enviar a prisión a media decena de los principales capos del narcotráfico de esa época, que operaban en el Triángulo Norte, incluyendo a varios guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.

Mi trabajo serio y comprometido para combatir a estos criminales nunca hubiera sido posible sin la colaboración valiente y profesional de numerosos investigadores, fiscales, policías y abogados penalistas que hicieron posibles muchas del as sonadas capturas de esa época.

A pesar que fui posteriormente trasladado a otros cargos de mayor responsabilidad dentro de la DEA, incluyendo Afganistán y la Oficina Central de la Agencia en Virginia, yo mantuve el contacto y la amistad personal con muchos de los profesionales fiscales, policías y penalistas salvadoreños con quien establecí vínculos personales y a quienes siempre puse a su disposición la colaboración de la Agencia para sus labores de combate al narcotráfico y demás casos penales, principalmente del crimen organizado.

Incluso, cuando decidí retirarme de la DEA, motivado por la frustración que yo consideraba ante la falta de efectividad de la agencia en el combate del narcotráfico a nivel mundial, incluso retirado de la Agencia, seguí colaborando con mis valientes amigos en El Salvador.

Mi intención en renunciar de la DEA no era de jubilarme y dedicarme a pasear en mi motocicleta, en mi estado de residencia que es Maine, yo me retiré con la intención de tratar de cambiar y hacer desde afuera lo que no se podía lograr desde adentro de la DEA en el combate al narcotráfico, en gran parte por la manera excesivamente burocrática en que funciona la Agencia.

De izquierda a derecha: José Adán Salazar, Juan Umaña Samayoa y Wilfredo Guerra.

Yo no mido el éxito y la satisfacción en mi vida en base a poder hacer algo significativo por mi país y por las buenas personas que he tenido el privilegio de conocer y servir hombro a hombro en otros países adonde fui destacado. Es por eso que he seguido colaborando en casos de combate al narcotráfico, tanto en Afganistán y Pakistán, como en el caso de Centroamérica, particularmente los países que mejor conozco y donde mejor me conocen que son El Salvador, Guatemala y Honduras.

En mi interés de reformar y cambiar la manera de operar de las Agencias de Seguridad de los Estados Unidos, yo corrí como candidato independiente para el Senado de los Estados Unidos, compitiendo por una de las dos sillas del Senado que le corresponde a mi estado, Maine, en el noroeste de los Estados Unidos. Como parte de mi plataforma de campaña, yo llevaba propuestas para reformar las agencias de Seguridad de los Estados Unidos, donde a mi criterio se invierten muy mal muchos billones de dólares al año.

Aunque no gané la elección, mi candidatura y campaña me dio exposición y oportunidad de debatir con otros candidatos, algunos de los temas que yo considero importantes para mi país como son la lucha contra la corrupción y el narcotráfico a nivel internacional.

El narcotráfico no podría sobrevivir y prosperar en el mundo sin la corrupción. Todos los países del mundo, incluyendo los Estados Unidos y El Salvador, tienen buenas y estrictas leyes para combatir el crimen del narcotráfico y el lavado de dinero, lo que sucede es que con el dinero sucio producto del tráfico ilegal, los narcotraficantes corrompen con cantidades millonarias de dólares a los funcionarios públicos que están supuestos a hacer cumplir las leyes y a poner en la cárcel a los criminales.

Por eso, personas como Adán Salazar y Wilfredo Guerra, se dan el lujo de andar libres en un país como El Salvador, a pesar que todos los que han conocido a estas personas y sus manejos, sabemos que son narcotraficantes y lavadores de dinero. Ellos logran operar sus grandes emporios de empresas de granos y hoteles donde lavan decenas de millones de dólares sin impedimento porque con su dinero sucio han logrado corromper y comprar a fiscales generales como Luis Martínez y a Vicepresidentes como Óscar Ortiz, quienes han dado protección a sus amos y los han mantenido lejos del procesamiento penal que les corresponde.

A usted, ciertas personas en redes sociales lo han cuestionado por sus vínculos en El Salvador ¿Qué nos puede comentar sobre ese tema?

Cuando yo volví a visitar El Salvador hace casi dos años después de no haber estad en un buen tiempo por Centroamérica, llegué por solicitud y encargo de los “Teamsters” y un grupo de congresistas norteamericanos que apoyan la solicitud de los sindicalistas norteamericanos de que se esclarezca de forma definitiva el caso del asesinato en El Salvador del sindicalista salvadoreño-americano, Gilberto Soto.

A mi me buscaron por mis contactos y mis muchos amigos que son investigadores en la PNC, fiscales, abogados penalistas y muchos otros colaboradores, quienes trabajaron de la mano conmigo y la DEA en la época que yo estuve en la oficina de la DEA en El Salvador, hace casi 15 años.

Con esos amigos y contactos, yo pude sentarme en el año 2015 con el Fiscal General en funciones en ese entonces, que era Luis Martínez, para conversar con él de parte de los Teamsters y con el apoyo de los congresistas estadounidenses, sobre la posibilidad que se pudiera revisar y en caso de ser necesario, reabrir el caso de la investigación y condena del asesinato de Gilberto Soto, por ser una investigación que en su momento, a criterio de los norteamericanos, padeció de muchas deficiencias y se sospecha de ciertas irregularidades.

Dichas presuntas irregularidades tienen que ver con la manera expedita y poco profundizada de cómo se buscó aparentemente atribuirle la muerte del sindicalista a un joven delincuente de bajo nivel, encubriendo posiblemente los motivos del asesinato y las personas responsables de mandar a asesinar al sindicalista Soto.

La gran coincidencia de ese caso es que, aparentemente, uno de los fiscales, quien en ese entonces estuvo llevando el caso por la parte de la fiscalía es el mismo Fiscal Rodolfo Delgado Montes, quien hoy por hoy ha sido acusado por el ex – fiscal Luis Martínez en unas declaraciones que yo tengo grabadas y tengo los audios donde el ex – fiscal general acusa a Delgado de haber accionado adentro de la Fiscalía para proteger, entorpecer y retrasar la investigación del Cártel de Texis.

Carta enviada por congresista James McGovern al Fiscal General de El Salvador, Douglas Meléndez.

El Fiscal Rodolfo Delgado aun figura como empleado de la Fiscalía, a pesar que en una declaración reciente, el Fiscal General Douglas Meléndez dice tenerlo bajo investigación por esas supuestas acciones ilegales de las cuales Delgado ha sido acusado.

Como comprenderá usted, el método investigativo efectivo con el cual yo he sido entrenado y he operado exitosamente en diversos países del mundo es el que divulga la menor cantidad de información y lo que se trata más bien es de captar la mayor cantidad de información. Por ese motivo, como investigador no acostumbro a hablar de estas cosas.

Pero en El Salvador, los grupos criminales de narcotraficantes y los funcionarios que presuntamente los están ayudando, tienen mucho interés en desprestigiar mi persona y mi imagen por su propia conveniencia, como que si aquí el criminal fuese yo y no ellos. La verdad es que los que están siendo o deberían estar siendo investigados son los verdaderos delincuentes: el Cártel de Texis y sus aliados como podrían ser el fiscal Delgado y el Vicepresidente Ortiz.

Yo no tengo temor que me investiguen a mí, porque yo lo único que estoy haciendo es ayudando a que se cumpla la ley.

A usted lo han acusado especialmente personeros del mismo Cártel de Texis de trabajar para un empresario salvadoreño que tiene una disputa comercial en una de sus empresas con una de las empresas que pertenece al Cártel ¿Qué nos puede decir sobre esas acusaciones?

Mire, Adán Salazar y Wilfredo Guerra han sobrevivido traficando droga y lavando dinero descaradamente todos estos años, porque se han acostumbrado a comprar investigadores corruptos, tanto en la Policía como en la Fiscalía, y tal vez pensarán que un investigador como mi persona es corrupto al igual que la mayoría de los investigadores que ellos han comprado a través de todos estos años.

Cuando yo vine al país por encargo de los Teamsters para buscar la colaboración de la Fiscalía de El Salvador, para esclarecer el asesinato de Gilberto Soto, me vine a encontrar y dar cuenta de la enorme corrupción en que estaba una buena parte del sistema investigativo y judicial de El Salvador. Como parte de buscar apoyo para mi misión en el caso Soto, yo me tomé la tarea de entrevistarme y pedir apoyo de muchos empresarios en El Salvador, a quienes pude conocer por medio de mis amigos en las instituciones salvadoreñas, los mismos amigos quienes hace muchos años habían colaborado conmigo en los casos de narcotráfico y lavado de dinero que logramos llevar a la justicia en esa época.

Aunque no todos, debo decir que afortunadamente, algunos de esos empresarios decidieron apoyar mis esfuerzos para recopilar y llevar a las agencias de la justicia de los Estados Unidos, las pruebas y evidencias que en la actualidad están en manos de la DEA y de la Fiscalía de Nueva York, sobre los actos delictivos de los cabecillas del Cártel de Texis, Adán Salazar, Juan Samayoa y Wilfredo Guerra y también sobre los funcionarios públicos salvadoreños que han cometido delitos de corrupción en la protección de estos y otros criminales.

No existe ilegalidad alguna en esto, y es más, para mostrar buena voluntad he manifestado al principio de esta entrevista mi disposición de compartir con el Fiscal General Douglas Meléndez dicha prueba penal.

Recientemente se ha conocido de un caso de unas personas que presuntamente intentaron extorsionar a un ex alcalde de San Miguel y al actual Alcalde de La Unión, presuntamente apersonándose de manera fraudulenta como supuestos agentes de la DEA. Se ha manejado que su persona ha tenido vínculos con estas personas ¿Qué nos puede comentar sobre esto?

En vista que este es un caso abierto, que está en proceso, comprenderá que seré lo más reservado posible con el objetivo de no interferir o distorsionar la investigación que entiendo, está en curso por parte de la Fiscalía General de El Salvador.

Sí le puedo decir que yo conocí y tuve comunicación con los acusados en ese caso en el contexto de mi método investigativo de recolección de información que podría ser de valor para las agencias de justicia de los Estados Unidos.

En ningún momento yo he representado ser algo que no soy y todo el mundo que ha tratado conmigo sabe y lo he repetido públicamente, que yo estoy retirado de la DEA y por lo tanto, actúo en mi calidad de persona individual y no en representación de ninguna agencia o persona de los Estados Unidos o cualquier otro país.

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La primera tarea del año escolar parecía sencilla: salir a buscar cada uno de los ítems que conforman la canasta escolar, que según un sondeo realizado por la Defensoría del Consumidor, está compuesta por 58 productos y comprende un gasto promedio de $53.20. Para muchos un precio difícil de pagar.

Son pasadas las nueve de la mañana, muchos se encuentran en sus trabajos, pero las calles del centro de San Salvador parecen un apéndice de oficinas gubernamentales y de empresas privadas. El desfile de empleados con uniformes públicos y privados cotizando, preguntando, gritando y arrebatando accesorios escolares es visto en cada esquina de las aceras de la calle Rubén Darío.

Una mujer con su mano echa un puño cerca de su cintura, pregunta de forma tímida por los precios de los útiles básicos: cuadernos, lápices, bolígrafos, reglas; ella es Rosa María Villalta originaria de Ilopango. Su timidez radica en el temor que los tres billetes, uno de $20 y dos de $5, no alcancen para los útiles que necesita su hijo José, que este año se prepara para cursar cuarto grado en la escuela República de Dinamarca de Soyapango.

Rosa María es una joven empleada doméstica que aparenta más edad de la que tiene; es madre soltera. Ella gana ocho dólares el día. Trabaja cinco días a la semana por lo que al mes recibe un promedio de $160 de sueldo. Entre el gasto de pasajes del transporte público, alimentación y servicios básicos, los $30 que logró ahorrar desde noviembre del año pasado, son un verdadero tesoro que aferra a su cintura en las calles del centro de San Salvador.

La primera parada de Rosa María fue para calcular. Ella continúa caminando, haciendo cálculos en su mente. En su segundo intento decide atacar. Tras una nutrida negociación por cuadernos, bolígrafos y algunos pliegos de papel de colores, la mujer se desprende de los primeros $17. Se hace a un lado, saca un papel doblado y sucio de su bolsa de compradas y comienza a tachar.

A cuenta gotas, entre pequeños pasos en los ventas ambulantes, Rosa María deja de dólar en dólar lo poco que le queda en las compras de plásticos para forrar cuadernos, juegos de geometría, diccionarios y una que otra verdura para la cena. En una cuadra dejó $28 y tres meses de ahorro.

“Es difícil tener hijos y darles educación, pero es para que no les cuesta tanto como me costó a mí” dice la mujer frotando los dos dólares que le sobraron.

Aunque el Ministerio de Educación ha destinado una inversión de $53.2 millones en útiles, calzado y uniformes; los paquetes son insuficientes para las actividades cotidianas que realizan estudiantes del sistema público. Rosa María, afirma que algunos artículos del paquete son de mala calidad y es mejor hacer la inversión al inicio del año.

“Parece mentira, pero estudiar cada día se hace más un lujo. Es demasiado caro”, señala antes de abordar el autobús.

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La Fiscalía General de la República (FGR) allanó este miércoles una casa y una finca ubicadas en Los Planes de Renderos, municipio de Panchimalco, departamento de San Salvador.

Además del allanamiento, el Ministerio Público capturó a 4 personas, en diferentes zonas del país, por los delitos de tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas. Los detenidos fueron identificadas como Teresa Guadalupe Colato, Gustavo Mauricio Alvarenga, Marco Antonio Serrano y José Luis Jovel Martínez.

Los detenidos están vinculados con José Claros Amaya, quien fue detenido, este martes, en el aeropuerto internacional La Aurora, en Guatemala por una orden de captura internacional girada por Estados Unidos. Claros pretendía viajar a Costa Rica desde Guatemala.

La Fiscalía confirmó en su cuenta de twitter que Claros es investigado en diferentes países de Centroamérica.

También se intimó a José Samuel Menjívar por este mismo caso.

Durante el procedimiento, la Fiscalía decomisó vehículos, armas de fuego y documentación relacionada al caso.

Douglas Meléndez, Fiscal General de la República, verificó los allanamientos realizados en este caso.

“La finca era ocupada como centro de operaciones. Muchos centroamericanos visitaban esta finca, en principal guatemaltecos. Tenemos información preliminar que Claros fue policía y se destacó en la delegación de Usulután”, aseguró Meléndez.

El Fiscal afirmó que habrá más allanamientos en otras zonas del país.

Foto twitter FGR

Foto twitter FGR

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Foto twitter FGR

Foto twitter FGR

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La Jueza Noveno de Instrucción de San Salvador ordenó este miércoles que José Misael Cisneros, alias “Medio Millón” permanezca en prisión por el delito de lavado de dinero.

Además, la jurista envió a prisión a la hermana del imputado, Sandra Guadalupe Cisneros y a su cuñado, Rafael Eduardo Ardón por este mismo delito. “Existen cantidades millonarias del señor Rafael Ardón movilizó en el sistema financiero. Según la investigación, realizó transacciones por $41 millones desde 2002 hasta 2015”, informó el fiscal del caso.

La Fiscalía asegura que los tres detenidos movilizaron $43 millones en el sistema financiero durante una década sin dar información sobre el origen del dinero.

En octubre, el Ministerio Público aplicó la ley de Extinción de Dominio sobre cuatro inmuebles ubicados en Chalatenango con un valor de $73 mil y dos vehículos por $7 mil , que eran propiedad de “Medio Millón” , debido a que se pudo demostrar que los fondos para la compra de esas propiedades fue ilícito.

José Misael Cisneros permanece recluido en la prisión de Máxima Seguridad en Zacatecoluca.

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Un fuerte sismo fue sensible la noche de este jueves en El Salvador y en Guatemala. El Ministerio de Medio Ambiente (MARN) informó que el movimiento telúrico fue 5.8 grados en la escala de Richter y su localización fue a 160 kilómetros al oeste del departamento de Ahuachapán.

El sismo se produjo a las 9:22 de la noche con una profundidad de 17 kilómetros.

No se reportan víctimas o daños materiales. No hay alerta de tsunami.

Foto twitter MARN

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El hacinamiento ha obstaculizado que el expresidente Elías Antonio Saca y ex funcionarios cumplan su pena en un centro penitenciario mientras su proceso se encuentra en fase de instrucción, aseguró Rodil Hernández, Director General de Centros Penales.

“El juez solicitó cupo para el expresidente y los exfuncionarios. Nosotros pensamos en enviarlos al centro penal de Metapán pero se encuentra hacinado. Estamos readecuando instalaciones para recibir a ese tipo de reos y que el nivel de riesgo sea diferente que a otros reos. Pero esto no es un privilegio”, indicó el funcionario a través del programa 8 en Punto, de canal 33.

Hernández afirmó se tiene un déficit alto en el sistema penitenciario y que 6 mil reos cumplen sus penas en bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC) porque no pueden ingresar a las cárceles. “En un sector del centro penal La Esperanza se ha adecuado para darle cupo a estas personas. Hemos habilitado 14 celdas con el cupo para 4 personas en cada una”, agregó.

El Director manifestó que si el juez desea solicitar nuevamente el cupo para recluir al exmandatario y sus exfuncionarios en un centro penitenciario, puede hacerlo sin inconvenientes.

El expresidente Saca, César Funes, Julio Rank, Pablo Gómez, contador del secretario privado de la Presidencia; Francisco Rodríguez, jefe de la unidad financiera institucional de Casa Presidencial y Jorge Alberto Herrera, tesorero institucional de la Presidencia están recluidos en las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC), acusados por los delitos de peculado, asociaciones ilícitas y lavado de dinero.

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A mediados del año pasado iniciaron las investigaciones contra una estructura de narcotraficantes que operaba en toda la región centroamericana, la cual era dirigida por el salvadoreño José de la Cruz Claros Amaya, quien fue agente de la Policía Nacional Civil (PNC). Este fue detenido el miércoles pasado en el aeropuerto internacional La Aurora de Guatemala.

El director de la PNC salvadoreña, Howard Cotto, confirmó que el cabecilla de dicha estructura criminal fue agente de la corporación y estuvo destacado en la delegación de Soyapango, en San Salvador, y en la ciudad de Usulután.

“Confirmamos que este sujeto, José de la Cruz Claros Amaya, fue agente de la Policía Nacional Civil. Él ingresó a la policial el 24 de febrero de 1998 y duró activo en la institución un poco menos de seis meses, porque el 25 de agosto de ese mismo año él abandonó el servicio y su caso fue conocido por el tribunal disciplinario de la institución, siendo destituido el 25 de marzo de 1999 por esa falta disciplinaria”, dijo Cotto en conferencia de prensa.

Imagen de expolicía capturado en Guatemala

El titular de la PNC aseguró que el pasado 11 de julio la Policía realizó un procedimiento en el que se encontró en un vehículo 122 kilogramos de cocaína, se detuvo a una persona, pero el hallazgo no se hizo público para no afectar las investigaciones.

Aunque no especificó dónde se hizo el hallazgo de la droga y el nombre del capturado por dicho delitos, el funcionario afirmó que el imputado está vinculado con Claros Amaya y era uno de sus colaboradores en el movimiento de droga a nivel nacional e internacional.

“Este caso en realidad inicio el 11 de julio de 2016 cuando se realizó la intervención de un vehículo que tenía encaletado 122 kilos de cocaína. En esa oportunidad fue tenido un sujeto. Nosotros no dimos a conocer públicamente este procedimiento porque nuestra pretensión había sido, ha sido y de hecho fue lo correcto, poder dar con la estructura que estaba involucrada en este tráfico internacional de drogas”, reiteró el director de la PNC.

La Policía afirmó que las investigaciones dieron su fruto y se emitieron varias órdenes de captura contra los narcotraficantes, entre los que se encontraba el expolicía y cabecilla de esta banda.

Sin embargo, a pesar de la orden de detención, Claros Amaya, pudo salir tranquilamente del país con destino a Guatemala, donde fue capturado por agentes de dicho país y luego de chequear que el mismo era solicitado por las autoridades salvadoreñas.

Inmediatamente, la Policía guatemalteca  informó a sus colegas de El Salvador sobre la captura del narcotraficante, por lo que se montó un fuerte operativo que concluyó con una serie de allanamientos realizados este miércoles en presencia del fiscal general de la República, Douglas Meléndez.

Imagen de la FGR

Una de las viviendas allanadas fue una lujosa propiedad ubicada en Los Planes de Renderos, Panchimalco, donde las autoridades decomisaron varios vehículos, armas de fuego y documentación que supuestamente los involucra en el tráfico internacional de drogas.

En este procedimiento, fueron capturadas nueve personas, pero la Policía solamente reveló la identidad de cuatro de ellas: Teresa Guadalupe Colato Bonilla, Marco Antonio Serrano, Gustavo Mauricio Alvarenga Linares y José Luis Jovel Martinez, todos serán acusados del delito de actos preparatorios de preposición y conspiración con tráfico de drogas.

Cotto aseguró que están realizando las últimas diligencias administrativas sobre la captura de estas personas y que en los próximos días serán presentados ante los medios de comunicación. Asimismo, se conocerán más detalles del caso.

Finalmente, el jefe policial dijo que revisarán los acuerdos bilaterales entre Guatemala y El Salvador para determinar si Claros Amaya será extraditado a territorio salvadoreño.

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El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, mencionó este jueves que el pasado miércoles 11 de enero, no se reportaron homicidios en todo el país.

Al respecto indicó que, si bien una persona falleció por heridas de arma de fuego el pasado miércoles, dicha víctima ya había sido herida en días previos, por lo que no se reportaron nuevos homicidios el pasado miércoles.

En lo que va del mes, la Policía contabiliza 99 homicidios en los primeros once días, lo que arroja un promedio diario de homicidios de nueve.

A comparación del mismo período de 2016, se registraron 250 homicidios. Enero de 2016 acabó con más de 600 homicidios.

La Policía atribuye estos números a la aplicación de medidas extraordinarias en materia de seguridad, que vinieron a mitigar los altos índices delictivos registrados a inicios de 2016.

Las autoridades de seguridad esperan que dicha iniciativa pueda ser prorrogada por otro año más y expandirla a una mayor cantidad de territorios.

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Una mujer identificada como Linda Jessica Vargas fue capturada este jueves por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por haber raptado a una bebé el 11 de enero de este año en la Unidad de Salud del municipio de El Paraíso, departamento de Chalatenango.

De acuerdo con la madre de la bebé que había sido raptada, ella acudió a la unidad de Salud del referido municipio para el control de los 40 días luego de haber parido por cesárea. La joven relató que nunca se imaginó que esa sería la última vez que cargaría entre sus brazos a su pequeña luego de ser raptada por Vargas.

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A raíz de la denuncia que interpuso la joven madre, la Policía realizó una intensa búsqueda, pero fue hasta este jueves que logró dar con el paradero de la bebé. El operativo fue realizado en el cantón Ojos de Agua del municipio de San Rafael, de Chalatenango, dando como resultado la captura de una mujer, quien supuestamente habría raptado a la menor.

La Policía detalló que una de las claves para ubicar a la mujer que raptó a la bebé fue que realizaron un allanamiento a una oficina jurídica de Tejutla, donde supuestamente esta había laborado.

Parientes de la bebé señalaron que la niña solo está deshidratada y que la mujer que la raptó habría sufrido anteriormente un aborto espontáneo.

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El restaurante número 19 de McDonald’s en El Salvador ya se encuentra abierto al público. Se trata de McDonald’s Santa Rosa, ubicado en el Centro Comercial del mismo nombre, en Santa Tecla.

Este nuevo restaurante ha sidoconstruido bajo un concepto arquitectónico vanguardista y decorado con una visión minimalista y moderna, acorde con la nueva imagen internacional de la marca.

“La apertura de este nuevo restaurante responde a una decisión estratégica para que McDonald’s esté más cerca de áreas clave por su alta concentración poblacional y por ser polos de desarrollo comercial a través de los cuales estamos más accesibles a nuestros clientes para continuar siendo su opción favorita”, expresó Luis González, Gerente de McDonald´s El Salvador.

McDonald’s Santa Rosa tiene capacidad para atender a 150 clientes. Cuenta con AutoMac y el área preferida de los niños: McDonalandia. Además, ofrece acceso WI-FI gratis y estaciones de carga para dispositivos móviles y portátiles.

Medio Ambiente
A lo anterior, se le suman atributos de un restaurante en armonía con el medioambiente, tales como:

Manejo del agua
• Los lavamanos utilizan chorros ahorradores de agua.
• Los urinales son de última tecnología por lo que no requieren uso de agua

Eficiencia energética
• Los secadores de manos tienen un consumo mínimo de energía eléctrica y tiempo de secado.
• Los equipos de aire acondicionado son de alta eficiencia, bajo consumo energético y libres de gases de efecto invernadero.
• Iluminación LED en el interior y exterior del restaurante para ahorro de energía eléctrica.
• El sistema de cuarto frío reutiliza la energía generada para calentar el agua.

Materiales reciclados
• El mobiliario está fabricado con componentes de materiales reciclados.

Además, la empresa recicla el cartón que utiliza para la elaboración de cartones de huevo, el 100% del aceite para la realización de concentrado para animales, así como las servilletas que utiliza son fabricadas con un porcentaje de papel reciclado.

Con esta apertura, se están generando 45 empleos directos, que se suman a los más de 850 que brinda en el país. Para McDonald’s es importante el desarrollo y el crecimiento profesional de los salvadoreños, dándoles la oportunidad de realizar una carrera laboral en sus restaurantes.

Como es tradición, cada vez que McDonald’s abre las puertas de un nuevo restaurante, también abre las puertas de su corazón entregando una donación a una institución de beneficencia local;en esta oportunidad entregó un donativo de $1,250.00 a Posada Santa María, de la Parroquia Inmaculada Concepción, para la compra de artículos que necesita la institución.

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Un policía fue asesinado este jueves en el cantón La Fuente, municipio de Tonacatepeque, departamento de San Salvador, reportó la Fiscalía General de la República (FGR).

Según la policía, el agente se encontraba en su día libre cuando fue atacado a balazos por supuestos pandilleros en la zona. El agente fue identificado como William Carlos Martínez. La Fiscalía informó que la víctima estaba destacada en Ciudad Delgado.

Este es el segundo policía asesinado en este año. El primer caso se reportó el martes 3 de enero cuando pandilleros asesinaron al agente Mario Alberto Hernández en el cantón La Flor, municipio de San Martín.

Según Howard Cotto, Director General de la PNC, 47 agentes fallecieron en 2016 durante el cumplimiento del deber.

La policía realiza un operativo en la zona para encontrar a los culpables de este crimen

Cortesía.

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La Escuela Nacional de Danza, Morena Celarié (END), cuya misión es la formación técnica y artística de bailarines, tiene el agrado de informar que dos de sus estudiantes que recientemente han culminado sus estudios de danza pasarán a formar parte del Ballet Nacional de Ecuador.

Se trata de las bailarinas Anna Marcela García Guillén y Alejandra Abigail Rivera Torres, de 20 y 18 años respectivamente, quienes han sido seleccionadas para formar parte del Ballet Ecuatoriano de Cámara que pertenece al Ballet Nacional del Ecuador.

La Directora de la END, maestra Xenia Vaquerano, comenta que el año recién pasado vino a impartir un taller de danza clásica el maestro Fredy López del Ballet Nacional de Ecuador, y notó el alto nivel de ambas bailarinas por lo que les propuso que si deseaban formar parte del Ballet Nacional de Ecuador a lo que tanto Marcela García como Abigail Rivera asintieron de forma inmediata.

“Nos llena de mucha satisfacción que nuestros alumnos sean seleccionados por su alto nivel, que nos demuestra que la labor de formación de la escuela es muy bueno.” Se refirió la maestra Xenia Vaquerano.

Fotos D1/SEC

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Un preso drogó a su hermano gemelo para fugarse de una cárcel de máxima seguridad al norte de Lima, Perú, tras burlar todas las medidas de seguridad, según informó este martes el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

“El preso fugó de la cárcel aprovechando la visita de su gemelo. Estamos realizando todas las investigaciones del caso para determinar que sucedió”, dijo a la AFP un vocero del Inpe.

Alexander Delgado, de 27 años, cumplía desde 2015 una condena de 16 años, por delitos de violación y robo, en el penal de máxima Seguridad Ancón I, con capacidad para 2,289 reos, ubicado al norte de Lima.

El domingo, Alexander recibió la visita de su hermano gemelo Giancarlo, a quien presuntamente dopó con una gaseosa, y utilizó sus vestimentas y su documento de identidad para salir del penal por la puerta principal.

Luego de varias horas, los agentes del Inpe se percataron de que en la celda, en vez del reo, estaba su gemelo. Así lo confirmó una prueba de homologación de huellas digitales, informó el Inpe.

“El gemelo está detenido. Ahora el juzgado investiga y determinará los delitos que afrontaría”, indicó la fuente penitenciaria.

La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, dijo a la prensa que la reciente fuga evidencia la necesidad de contar con lectores biométricos en las cárceles del país y refuerza la decisión de mantener en estado de emergencia al sistema penitenciario.

“El caso del gemelo es alucinante, en 12 años no se había escapado nadie de Ancón I. El gemelo se va a quedar preso por cómplice”, dijo la ministra, al señalar que coordinará con el ministerio del Interior el pago de una recompensa para dar con el paradero del reo prófugo.

Según el Inpe, la población de reclusos de Perú es de 80,000 presos, que se distribuyen en 69 prisiones con capacidad para 52,000 internos.

El viernes, Perú declaró en emergencia a su sistema nacional penitenciario por un periodo de 24 meses con el objetivo de revertir la aguda crisis que atraviesan sus prisiones.

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